Privatización de Gecelca y Urrá: un “crimen de estado casi perfecto” 

Ahora el gobierno nacional decide entregar el lomo, es decir, Gecelca, dando ganancias. Lo mismo piensa hacer con Urrá, con lo cual se completará la total privatización de los servicios públicos domiciliarios en la Costa Atlántica. Pero toda esta desfachatez no para aquí. Los cuantiosos recursos resultantes de la privatización de Gecelca y Urrá los utilizará el gobierno para estructurar la financiación del proyecto vial “Autopista de las Américas”, según está estipulado en el Documento Conpes 3544 del 24 de octubre de 2008. Allí se dice que en el marco de los acuerdos comerciales suscritos por Colombia y con el fin de responder a las necesidades de la globalización, una de las iniciativas viales más ambiciosas de la infraestructura colombiana consiste en el perfeccionamiento de un corredor con más de 3.600 kilómetros de vías, que comunique a Paraguachón en Venezuela con el Palo de Letras en Panamá, y permita la interconectividad de los departamentos del Norte de Colombia, denominada “Autopista de las Américas”.

Luego de describir los diferentes proyectos en varias fases, el Documento Conpes 3544 establece el plan de acción y la estrategia para la estructuración financiera, que en resumidas cuentas significa que el gobierno va a recoger las deudas que tiene Corelca con la nación y las va a canjear con las acciones que tiene Corelca en Gecelca ($644.000 millones); va a enajenar la participación de la nación en Gecelca y Urrá y estipula que el Confis apruebe las vigencias futuras para proveer recursos necesarios durante la ejecución del proyecto vial “Autopista de las Américas”. El monto mínimo de las vigencias futuras será como mínimo el producto de la venta de los activos que tenga la nación en Gecelca y Urrá.

Pero aquí no para todo, porque el Documento Conpes encarga al Ministerio del Transporte y al Instituto Nacional de Concesiones (Inco) para que determinen los peajes adicionales requeridos en los tramos en los que no existan, de acuerdo con los requerimientos financieros del Proyecto; y para que propicien la integración de concesiones en estos corredores.Esta tacada neoliberal es todo un crimen de Estado casi perfecto. Pero quedan las evidencias de que aquí hay unos pocos ganadores: el gran capital financiero, las trasnacionales de los servicios públicos y los cómplices que controlan el poder estatal; y muchos perdedores: el pueblo colombiano, el desarrollo económico del país, toda la población de la Costa Atlántica, que no solo perderá el patrimonio de las últimas empresas de servicios públicos, sino que recibirá la descarga de las altas tarifas de la energía y se verá asfixiada por los altos costos del transporte producto de los peajes que serán colocados por doquier, por la imposición de unos proyectos viales que están diseñados principalmente para recibir el alud de importaciones de los tratados de libre comercio.