El miércoles 11 de abril de 2012 a las 18:40 horas, en el caserío antiguo de San José de Apartadó, fue asesinado REINALDO TUBERQUIA, comerciante del lugar. Un hombre armado, en traje civil, se acercó a su casa y le disparó en la cabeza con arma corta. Reinado no era integrante de la Comunidad de Paz pero era poblador civil de la zona. Su cadáver fue levantado oficialmente por autoridades de Apartadó hacia las 22:00 horas.
Lo primero que llama la atención es el hecho de que se produzca un crimen de estos en un caserío tan pequeño donde patrullan todo el día numerosos agentes del Ejército y de la Policía y donde toda esta fuerza pública ha construido numerosas redes de informantes y cooperantes. Desde el 1° de abril de 2005, el Presidente Uribe le ordenó a la Policía tomarse ese pequeño espacio, antes ocupado por nuestra Comunidad de Paz (la cual se desplazó inmediatamente de allí), con el fin de desconocer con toda la arrogancia posible el primer principio estructurante de una comunidad de paz, como es la decisión de no convivir con actores armados ni permitir el paso de armas o la colaboración logística o informativa a personas o estructuras armadas, dentro de los espacios de vida y trabajo de la Comunidad. Para ello el Gobierno ha tenido que violar de manera persistente las directrices dadas por la Corte Constitucional en su Sentencia T- 1206 /01, sobre la ubicación de los puestos de policía, y en general, sobre la prohibición de crear formas de violencia sobreviniente que afecten a la población civil. Pero, además, la fuerza pública estableció en el caserío de San José, desde su ocupación, una intensa presencia paramilitar coordinada por alias “Lalo”, en cuyo establecimiento comercial departían cotidianamente militares y policías. Mediante todo este accionar, el Gobierno volvió a hacer del caserío un campo intenso de combate y de muerte, al atraer a otros actores armados para enfrentarse en medio de la población civil, poniendo a ésta como escudo.
Fuera de tan perversa política espacial, el Gobierno ha implementado simultáneamente una diabólica política sobre la población, bajo el eslogan: “quien no está conmigo, está contra mí”. Una gran multitud de pobladores de la zona figuran en álbumes de la Brigada XVII, con fotografías e información exhaustiva, y sus nombres aparecen recurrentemente en los documentos que la Brigada suministra a los aparatos judiciales bajo los rótulos de “informes de inteligencia” u “órdenes de batalla”, elementos todos que la ley prohíbe considerar como pruebas judiciales pero que el corrupto aparato judicial de Urabá siempre los acepta. La forma como se confeccionan esos archivos donde tantos pobladores figuran como insurgentes o milicianos, es el interrogatorio manipulado (vía intimidación, tortura o soborno) a personas ilegalmente privadas de la libertad en instalaciones de la Brigada. Como ha ocurrido infinidad de veces, al hacerle saber a un campesino que se tiene ”testigos” contra él para judicializarlo, tratan de quebrar su voluntad para vincularlo a la guerra desde el polo del Estado, convirtiéndolo en informante o en cooperante.
Sólo bajo esta perversa política estatal se puede entender la tragedia personal que terminó destruyendo la vida de REINALDO TUBERQUIA. Primero, la fuerza pública logró que uno de sus detenidos, JORGE ELIÉCER PALACIO, sin libertad alguna para rendir testimonios, denunciara a Reinaldo como colaborador de la guerrilla al enviarle remeses desde su tienda. Esto lo afirmó dentro del Rad: 1.029.235, cuaderno 1, folio 90, en su “declaración” rendida el 26 de enero de 2007. Si bien Jorge Eliécer confiesa, más adelante dentro del mismo expediente (Cuaderno 6, fol. 130) que recibió dinero para dar esas “declaraciones”, el nombre de Reinaldo seguiría figurando en la “lista negra” de la fuerza pública y organismos de inteligencia de Urabá, como materia prima de chantajes para aplicar el principio de involucramiento forzado, en uno u otro lado de la guerra. Al circular los primeros rumores sobre la muerte de Reinaldo, se dice que posiblemente lo mató la guerrilla por haber aceptado ser informante del Ejército.
Frente a estas tragedias dolorosas en que la destrucción de vidas humanas continúa sin fin, nuestra Comunidad reafirma su posición de no involucramiento en la guerra. El Estado y sus brazos paramilitares nos siguen estigmatizando como “guerrilleros” porque ellos no aceptan que alguien evada el dilema diabólico que nos imponen: o están conmigo o están contra mí.
Estamos con la Vida, con la Justicia, con la Solidaridad, con la Verdad y con la Paz. Desde esos valores condenamos enérgicamente este nuevo crimen y condenamos enérgicamente la diabólica estrategia estatal que lo contextúa.
Otros hechos recientes complican aún más la coyuntura: la población campesina de la zona ha percibido una presencia creciente de paramilitares que recorren la zona y se refugian en varias haciendas aledañas a Nuevo Antioquia. Se han dado nuevos enfrentamientos entre paramilitares y guerrillas que siembran nuevamente pánico en la población campesina y producen nuevos desplazamientos forzados.
Una noche de esta semana, los militares le retuvieron ilegalmente sus documentos de identidad al joven JOSÉ RENÉ HIGUITA HIGUITA y dos días después dichos documentos fueron encontrados en la calle.
Agradecemos nuevamente a las comunidades solidarias del país y del mundo que no transigen con la barbarie ni con la impunidad y que siguen uniendo sus voces a las nuestras en demanda de un cese de la barbarie y de la impunidad.
Comunidad de Paz de San José de Apartadó
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