La política minera del gobierno de Juan Manuel Santos tiene como objetivo entregarle el control de las riquezas naturales de los colombianos a trasnacionales mineras, produciendo un daño descomunal de tipo ambiental, cultural, económico y social a todo el país, que no podrá ser reparado.
Bajo el eslogan de “Colombia país minero”, se pretende volver a la economía de explotación minera impuesta por España en la Colonia y que hoy se presenta bajo la máscara de la globalización neoliberal y los tratados de libre comercio. Los hechos son elocuentes: el 85% de lo que Colombia vende al extranjero son bienes primarios, la mayoría de ellos controlados por compañías foráneas que no le aportan ningún beneficio a nuestra economía.
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